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(OSV News)–Varios líderes católicos están hablando en contra de la revocación de la administración Trump de una política de larga data que limita donde los funcionarios de inmigración podrían hacer arrestos.

El 21 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que las “áreas protegidas” previamente designadas, como iglesias y escuelas, ya no estarían fuera de los límites para tales arrestos. La agencia afirmó en un comunicado que “los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos” para eludir la acción de la ley.

La medida siguió a varias órdenes ejecutivas sobre inmigración emitidas por el presidente Donald Trump horas después de su toma de posesión el 20 de enero, basadas en promesas de campaña para reforzar la seguridad fronteriza y garantizar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

Pero permitir detenciones de inmigrantes en lugares de culto y otros lugares previamente protegidos amenaza la dignidad humana, la libertad religiosa y la sociedad misma, dijeron varios líderes católicos en una declaración conjunta emitida el 23 de enero por el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos; la hermana Mary Haddad, miembro de las Hermanas de la Misericordia de las Américas y presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Católica de Salud de Estados Unidos; y Kerry Alys Robinson, presidenta y directora ejecutiva de Catholic Charities USA.

“Reconocemos la necesidad de una aplicación justa de la ley de inmigración y afirmamos la obligación del gobierno de llevarla a cabo de forma selectiva, proporcional y humana”, dijeron. “Sin embargo, la aplicación de la ley de inmigración que no sea de emergencia en las escuelas, los lugares de culto, las agencias de servicios sociales, los centros de salud u otros entornos sensibles donde las personas reciben servicios esenciales sería contraria al bien común”.

Los tres afirmaron que “ya están presenciando reticencias entre los inmigrantes a participar en la vida cotidiana, incluido el envío de los niños a la escuela y la asistencia a servicios religiosos”.

“Todas las personas tienen derecho a cumplir con su deber para con Dios sin temor”, afirmaron.

Según el Pew Research Center, los cristianos “son el grupo religioso más numeroso del mundo, tanto entre los migrantes como entre los no migrantes”, y están “sobrerrepresentados entre los migrantes internacionales, ya que representan el 30% de la población mundial en general y el 47% de todas las personas que viven fuera de su país de nacimiento, a partir de 2020”.

En su declaración, el obispo Seitz, la hermana Mary y Robinson dijeron: “A través de nuestras parroquias, refugios, hospitales, escuelas y otras instituciones de la Iglesia, reconocemos que esta dignidad no depende de la ciudadanía o el estatus migratorio de una persona”.

“La asistencia médica católica, las agencias de Caridades Católicas y los otros ministerios de servicio social de la Iglesia trabajan diariamente para alimentar, alojar, sanar, educar y satisfacer las necesidades de las personas en las comunidades de toda nuestra nación”, dijeron. “A través de estos ministerios — junto con la responsabilidad de la Iglesia de proclamar el Evangelio y celebrar los sacramentos–defendemos la creencia de que todas las personas son concebidas con dignidad inherente, reflejando la imagen de Dios”.

“Los servicios caritativos que brindamos son fundamentales para quienes somos cristianos”, añadieron, citando la encíclica de 2005 del Papa Benedicto XVI, “Deus Caritas Est”: “Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia”.

La política de “convertir los lugares de cuidado, sanación y consuelo en lugares de miedo e incertidumbre para los necesitados, mientras se pone en peligro la confianza entre sacerdotes, proveedores, educadores y las personas a las que sirven, no hará que nuestras comunidades sean más seguras”, dijeron.

“Nuestras organizaciones están dispuestas a trabajar en un camino mejor que proteja la dignidad de todos aquellos a quienes servimos, defienda el deber sagrado de nuestros proveedores y garantice que nuestras fronteras y nuestro sistema de inmigración se gobiernen con misericordia y justicia”, añadieron.