ATLANTA—El Consejo de Abogados Fiscales de Georgia (PAC por sus siglas en inglés) publicó, el 24 de marzo, un informe sobre su revisión independiente de los casos de abuso sexual infantil en la Arquidiócesis de Atlanta y la Diócesis de Savannah.

La revisión realizada por terceros de los registros de la Iglesia con respecto a la sospecha de abuso infantil se inició en 2019 y recibió el apoyo total de los líderes diocesanos.

El Arzobispo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., arzobispo de Atlanta, emitió un comunicado sobre la publicación del informe en el cual calificó de inaceptable cualquier abuso perpetrado por sacerdotes, religiosos, voluntarios o empleados de la Iglesia Católica.

“No puede ser ni será tolerado. Esta arquidiócesis no protegerá a los abusadores ni les permitirá tener acceso a nuestras comunidades”, dijo el Arzobispo Hartmayer. “El informe publicado hoy por el Consejo de Abogados Fiscales (PAC) representa un esfuerzo voluntario por ser transparentes sobre lo que sucedió en el pasado con la esperanza de avanzar con el proceso de sanación. En los últimos 20 años
han ocurrido cambios drásticos dentro de la Iglesia. Hemos trabajado arduamente para entender mejor el abuso y evitar que vuelva a ocurrir. No nos desviaremos de la política de tolerancia cero actualmente vigente”.

La declaración completa del arzobispo se puede leer en georgiabulletin.org.

El informe establece que no fue necesario referir ningún caso para proceso penal, elogia el trabajo de la arquidiócesis en sus esfuerzos continuos por crear y mantener un entorno seguro y menciona una relación positiva con las agencias estatales y de aplicación de la ley.

La revisión de los registros de la Arquidiócesis de Atlanta sobre abusos por parte del clero contó con el apoyo del entonces Arzobispo Wilton D. Gregory, quien sugirió por primera vez el estudio independiente de los archivos en el otoño de 2018. Tras el nombramiento del Arzobispo Gregory como arzobispo de Washington en abril de 2019, la revisión continuó avanzando. El Arzobispo Hartmayer era obispo de Savannah en ese entonces y también expresó su voluntad de permitir que PAC revisara todos los registros relacionados con el abuso por parte del clero.

En enero de 2019, el fiscal general de Georgia, Christopher Carr, facilitó una reunión para formalizar el proceso entre Peter J. Skandalakis, director ejecutivo de PAC; los abogados de la Arquidiócesis de Atlanta; y Francis J. Mulcahy, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Georgia.

Skandalakis dirigió la revisión de acuerdo con un memorando de entendimiento aceptado por todas las partes. La Arquidiócesis de Atlanta y la Diócesis de Savannah no supervisaron el proceso y acordaron cooperar completamente.

En agosto de 2018, luego de la renuncia de Theodore McCarrick del Colegio Cardenalicio y la publicación de un informe del gran jurado de Pensilvania sobre abusos en varias diócesis, el Arzobispo Gregory reconoció que “nuestra confiabilidad como obispos se ha visto tan seriamente comprometida que actuar solos, incluso con la mejor de las intenciones y los más altos principios, políticas y planes, no puede mover los corazones de los fieles a creer”.

En 2019, los abogados arquidiocesanos enfatizaron que la revisión del PAC sería una continuación de estudios internos previos realizados por la junta asesora laica en Atlanta. El 7 de noviembre de 2018, la Arquidiócesis de Atlanta publicó una lista de clérigos con acusaciones creíbles de abuso sexual de menores en el pasado. Desde entonces, la lista ha sido actualizada.

El informe del PAC confirma la exactitud de la información ya disponible en nuestro sitio web, indicando que de los más de 1300 sacerdotes que han servido en Atlanta en los últimos 60 años, 13 están acusados de manera creíble de abuso sexual infantil (siete arquidiocesanos y seis de órdenes religiosas).

La revisión del PAC está en gran parte desprovista de acusaciones desde 2002-2003. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos estableció el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes, el “Estatuto de Dallas”, en junio de 2002. Este documento es un conjunto completo de procedimientos para evitar abuso y proteger a los vulnerables.

Hay varios sacerdotes y empleados laicos enumerados en el informe que enfrentaron acusaciones sin fundamento de abuso sexual infantil. Algunos solo se enumeran por un número, en lugar de un nombre en el informe. La arquidiócesis no enumera acusaciones sin fundamento en su sitio web.

Según el informe, “En aras de la transparencia, estos registros también se proporcionaron al PAC, aunque, en todos los casos, las denuncias no han sido probadas ni fundamentadas en un tribunal de justicia y siguen siendo solo denuncias”.

En un comunicado de prensa, el PAC dijo que el único período de tiempo en el que no se pudieron obtener los archivos fue durante 2020 y 2021 cuando las instalaciones de la iglesia no estuvieron accesibles debido a la pandemia de COVID-19. El consejo agradeció a los sobrevivientes de abuso que compartieron sus historias durante la revisión.

“Su valentía para presentarse ayudó a llamar sacar a la luz un problema que ha afectado a muchos en nuestro estado y en nuestro país, especialmente a los niños”, dijo el comunicado del consejo.