(OSV News)–Las denuncias de abusos contra el clero católico y religiosos en los EE.UU. disminuyeron el año pasado, pero siguen existiendo desafíos en relación con la protección de los adultos vulnerables y garantizar la seguridad en línea, según la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB por sus siglas en inglés).

El 14 de julio, el Secretariado para la Protección de Niños y Jóvenes de la USCCB publicó el “Informe anual 2022 – Conclusiones y recomendaciones sobre la aplicación del Estatuto para la protección de niños y jóvenes”.

El presidente de la USCCB, el arzobispo Timothy P. Broglio de la Arquidiócesis para Servicios Militares, dijo en su prefacio que el informe era “un hito que da cuenta de los continuos esfuerzos en el ministerio de protección, sanación y acompañamiento”.

This is the cover of the U.S. Conference of Catholic Bishops’ Secretariat of Child and Youth Protection’s 2022 annual report on the “Findings and Recommendations on the Implementation of the ‘Charter for the Protection of Children and Young People'” released July 14, 2023. (OSV News photo/courtesy USCCB)

El documento, que abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, consta de un informe de progreso del secretariado; un informe de auditoría realizado por los consultores StoneBridge Business Partners, con sede en Rochester, Nueva York; y una encuesta sobre denuncias de abusos y costos realizada por el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado (CARA) de la Universidad de Georgetown.

En su duodécimo año de auditoría, StoneBridge visitó 62 diócesis y eparquías, 48 en persona y 14 virtualmente.

El informe en sí es el vigésimo de este tipo desde 2002, cuando los obispos estadounidenses establecieron la “Estatuto para la protección de niños y jóvenes” al surgir una serie de escándalos de abusos clericales.

Comúnmente llamada “Estatuto de Dallas” por la ciudad en la que se reunieron los obispos en el momento de su ratificación, el documento establece un amplio conjunto de procedimientos para abordar las denuncias de abusos sexuales a menores por parte del clero católico. El estatuto también incluye directrices para la reconciliación, la sanación, la rendición de cuentas y la prevención de los abusos.

Durante el periodo del informe de 2022, 1.998 personas presentaron 2.704 denuncias de abusos, lo que supone un descenso de 399 denuncias con respecto a 2021 y de 1.548 con respecto a 2020. El descenso se debió en gran medida a las resoluciones de denuncias recibidas a través de demandas, programas de compensación y quiebras. La mayoría de las denuncias (83%) fueron presentadas inicialmente a los funcionarios diocesanos por un abogado.

Dieciséis informes durante el período involucraron a menores actuales, y todas las demás denuncias fueron hechas por adultos que citaron abusos cuando eran menores.

La parte del informe relativa al CARA indicaba que 194 diócesis y eparquías que respondieron habían considerado creíbles 245 denuncias de abusos sexuales a un menor por parte de un sacerdote o diácono. De ellas, 20 se referían a menores de 18 años.

CARA también calculó que los costos totales incurridos por las diócesis y eparquías debido a las denuncias se redujeron en un 19% con respecto al año anterior, totalizando más de 157 millones de dólares. (Los costos de las comunidades religiosas masculinas, por el contrario, aumentaron un 53%, acercándose a los 45 millones de dólares).

El secretariado dijo en su evaluación que “las tendencias interanuales son alentadoras, ya que el número actual de acusaciones relacionadas con menores en EE.UU. sigue siendo bajo”.

Muchas diócesis y eparquías “han tomado ciertas medidas que van más allá de los requisitos específicos de los estatutos”, señaló StoneBridge en su informe.

Entre las medidas citadas se encuentran la formación recurrente de adultos, las auditorías parroquiales y la renovación de la verificación de antecedentes (que actualmente no exige el estatuto).

Sin embargo, StoneBridge descubrió que más del 30% de las diócesis y eparquías que había visitado durante el periodo del informe mostraban “cierta disfunción” en sus juntas de revisión, incluyendo “falta de reuniones, composición o miembros inadecuados, incumplimiento de los estatutos de la junta, miembros que no confiaban en sus deberes (y) falta de rotación de los miembros”.

Los auditores señalaron una desigualdad en la aplicación general de los estatutos, con “196 implementaciones diferentes” del documento derivadas de las distintas políticas de diócesis y eparquías.

Otra preocupación se centra en la protección de los “adultos vulnerables”, cuya definición no figura en el Estatuto, según los auditores.

Un año después de la revisión más reciente de la carta en 2018, el Papa Francisco emitió el motu proprio “Vox Estis Lux Mundi” (“Vosotros sois la luz del mundo”), que esboza los procedimientos legales globales sobre cómo la Iglesia debe abordar el abuso sexual del clero, incluidos los procedimientos para investigar a los obispos.

El documento, implementado por un período experimental de tres años a partir del 1 de junio de 2019, incluyó el término “persona vulnerable”, definido como “cualquier persona en un estado de enfermedad, deficiencia física o mental, o privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limita su capacidad de comprender o querer o resistirse de otra manera a la ofensa”.

El 25 de marzo, el Papa Francisco publicó una versión actualizada con el término específico “adultos vulnerables”, sin alterar la definición anterior.

El texto revisado también se amplió para incluir investigaciones de líderes de asociaciones y movimientos laicos católicos internacionales reconocidos por el Vaticano.

Sin embargo, Suzanne Healy, presidenta de la Junta Nacional de Revisión de la USCCB, dirigida por laicos, destacó los hallazgos de StoneBridge en sus observaciones en este informe, afirmando que, si bien los estatutos abordan el abuso clerical de menores, “existe confusión a la hora de informar sobre asuntos relacionados con “Vos Estis Lux Mundi” y el derecho canónico en lo que respecta a las sanciones penales”.

La junta “recomienda la búsqueda de un recurso auditable separado con directrices específicas para estos asuntos de abuso de adultos y laicos”, escribió.

Los resultados de la auditoría representan a 194 de las 196 diócesis y eparquías de EE.UU., aunque el informe incluye a la Eparquía Caldea de San Pedro Apóstol ni a la Eparquía Católica Ucraniana de San Nicolás como no partícipes de dicho informe.

El padre Richard Janowicz, vicario general y coordinador de ambiente seguro de la Eparquía de San Nicolás, con sede en Chicago, dijo en un correo electrónico a OSV News que estaba “bastante sorprendido” de saber que la eparquía había sido incluida como tal, ya que había sido auditada por StoneBridge el 17 de abril de este año, y confirmó en una carta del 21 de junio que la eparquía había remediado su falta inicial de un programa de formación de ambiente seguro para niños. No está claro por qué la eparquía aparece en el informe como “no participante”, y OSV News se ha puesto en contacto con la USCCB para obtener una aclaración.

El padre Simon Esshaki, secretario del obispo Emanuel Shaleta de la Eparquía de San Pedro en El Cajón, California, dijo en un correo electrónico a OSV News que la eparquía “de hecho tenía un programa completo de ‘Protección de los Niños de Dios’ para 2022”, pero “desafortunadamente por alguna razón las estadísticas no fueron compartidas con la USCCB”.

Las diócesis de Birmingham, Alabama; Lubbock, Texas; y St. Thomas, Islas Vírgenes, incumplían el artículo 2 del Estatuto de Dallas, que especifica en parte la existencia de una junta de revisión, compuesta en su mayoría por laicos no empleados por la diócesis, que se reúne periódicamente y sirve como órgano consultivo del obispo. Posteriormente, cada diócesis corrigió la deficiencia.

En el caso de la Diócesis de Birmingham, el problema tuvo que ver con los tiempos, dijo a OSV News Donald Carson, director de comunicaciones y relaciones públicas.

Dos dimisiones por motivos de salud y el traslado de una religiosa dejaron tres vacantes en esa junta de revisión durante el periodo de la auditoría. Los puestos “se han cubierto desde entonces, con lo que el número de representantes no empleados por la diócesis vuelve a cumplir los requisitos de los estatutos”, dijo en un correo electrónico a OSV News.

En la Diócesis de Lubbock, el COVID estaba en su punto álgido durante el período del informe y había “detenido muchas áreas de nuestro trabajo”, dijo Lucas Flores, director de comunicaciones, a OSV News en un correo electrónico, añadiendo que la diócesis había reanudado las reuniones de la junta de revisión.

OSV News estaba esperando una respuesta de la Diócesis de St. Thomas.