CNS photo/Tyler Orsburn

WASHINGTON (CNS)—El gobierno del presidente Trump dictó normas provisionales el 6 de octubre, que amplían la exención al mandato anticonceptivo para los empleadores religiosos, como las Hermanitas de los Pobres, que se oponen por razones morales a la cobertura de anticonceptivos, medicamentos para inducir abortos, y otros dispositivos en los seguros de salud de sus empleados.

Líderes de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. elogiaron la acción como “un regreso al sentido común, la duradera práctica federal y la coexistencia pacífica entre la iglesia y el estado”.

El mandato anticonceptivo se puso en marcha por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Mientras que proporciona una exención para los empleadores religiosos, las nuevas reglas mantienen el mandato anticonceptivo federal existente para la mayoría de los empleadores.

El presidente Donald Trump se comprometió a levantar la carga del mandato impuesto a los empleadores religiosos el 4 de mayo, durante una ceremonia de aprobación de una orden ejecutiva en apoyo a la libertad de expresión y libertad religiosa en la Casa Blanca, pero líderes católicos y los jefes de numerosas entidades católicas criticaron a la administración por la falta de acción a esa promesa durante los meses subsiguientes.

Desde el principio las iglesias estaban exentas del mandato, pero no los empleadores religiosos. La administración Obama había puesto en marcha una acomodación religiosa para entidades religiosas sin fines de lucro, como universidades y agencias de servicios sociales administradas por la iglesia opuestas moralmente a la cobertura de anticonceptivos, exigiéndoles presentar un formulario o notificar al HHS que no lo proporcionarían. Muchos empleadores católicos todavía se opusieron a tener que llenar el formulario.

El mandato del HHS ha sufrido numerosos desafíos legales por parte de organizaciones religiosas, como las Hermanitas de los Pobres y los Sacerdotes por la Vida.

Una demanda combinada, Zubik v. Burwell, llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde los magistrados en mayo del 2016 por unanimidad devolvieron el caso a los tribunales inferiores con  instrucciones de determinar si los empleados podrían obtener cobertura anticonceptiva a través de sus compañías de seguros sin involucrar directamente a los empleadores religiosos que se oponen a pagar por dicha cobertura.

Altos funcionarios del HHS que el 5 de octubre hablaron con periodistas bajo condición de anonimato, indicaron que la exención al mandato anticonceptivo se aplicaría a todos los grupos que habían entablado una demanda. Grupos cuyas demandas llegaron hasta la Corte Suprema son las Hermanitas de los Pobres, la Arquidiócesis de Washington, la Diócesis de Pittsburgh, Eternal Word Televisión y algunas universidades católicas y cristianas.

En reacción inmediata tras darse a conocer la medida provisional de 150 páginas, grupos religiosos que se habían opuesto al mandato estaban contentos con la acción de la administración.

En una declaración el 6 de octubre por el cardenal Daniel N. DiNardo de Galveston-Houston, presidente de la Conferencia Episcopal y el arzobispo William E. Lori de Baltimore, presidente del Comité Ad Hoc de la USCCB para la Libertad Religiosa, dijo que la nueva regla “corrige un error anómalo por parte de reguladores federales que nunca debió haber ocurrido y que no debe repetirse jamás.”

Los líderes de la iglesia también dijeron que la decisión de otorgar la exención religiosa y moral al mandato del HHS reconoce que las organizaciones basadas en la fe y la misión y quienes las administran “tienen profundas creencias religiosas y morales que deben ser respetadas por la ley”.

El cardenal DiNardo y el arzobispo Lori dijeron la decisión fue “una buena noticia para todos los estadounidenses,” resaltando que un “mandato del gobierno que coacciona a la gente para que tome  decisión imposible entre obedecer a su conciencia y obedecer el llamado a servir a los pobres es perjudicial no sólo para los católicos sino para el bien común. “